Demanda en Ecuador Suspende Proyecto Minero Chino

¿Explotación minera en los páramos?

La mina de Río Blanco se encuentra a diez mil pies sobre el nivel del mar en la región de Molleturo-Mollepongo en los Andes ecuatorianos. La mina es de propiedad de una compañía china, cuya licencia cubre 15.000 acres de páramos (áreas alpinas sin árboles que retienen agua en el suelo), lagos, y bosques que alimentan a ocho ríos importantes que corren por el Parque Nacional de Cajas, de una extensión de 2.5 millones de acres, uno de los sistemas hídricos más grandes y más complejos en Ecuador. Estas montañas han sido por mucho tiempo hogar de las comunidades indígenas Kañari-Kichwa. Los páramos proveen agua a veintidós comunidades en Molleturo, así como a poblaciones a lo largo de la costa sur de Ecuador y la ciudad de Cuenca, la tercera más grande del país. La mina utilizaría cianuro para extraer oro y plata, y requeriría el uso de mil litros de agua por hora que sería contaminada con residuos tóxicos, lo que incluye al arsénico, antes de ser devuelta a los ríos y al suelo.

Comunidades indígenas ignoradas

En violación de las leyes ecuatorianas, el gobierno y la compañía no consultaron a las comunidades indígenas locales antes del desarrollo del proyecto, y mucho menos obtuvieron su consentimiento para desarrollarlo. Con temor a la contaminación de sus aguas, no fue sorprendente que la gente local votara contra la actividad minera en el área por un margen de 2-1 en un plebiscito nacional. Además, una disposición constitucional adoptada en 2008 ordenaba la revocación de todas las concesiones mineras que afectasen las fuentes hídricas, bosques protegidos, o comunidades indígenas. Los propietarios de la mina obtuvieron una licencia ambiental solamente porque el gobierno ecuatoriano simplemente decidió ignorar esta disposición constitucional.

Y si éstas no fueran razones suficientes para detener la mina, un experto internacional en minería contratado por EDLC para realizar una revisión y evaluación del estudio de factibilidad de la compañía concluyó que «[e]l drenaje ácido de rocas y la lixiviación de metales, lo que incluye al arsénico, probablemente serán problemáticos y las medidas de mitigación propuestas serán inadecuadas para prevenir los impactos ambientales y costos asociados mayores a los predichos».

Por muchos años, grupos de mujeres tales como el Frente de Mujeres Defensoras de la Pachamama incansablemente denunciaron ante las autoridades todas estas ilegalidades y danos, sin embargo sin éxito. Las protestas más recientes llevaron a la militarización del área por el gobierno. Yaku Perez Guartambel, un abogado de las comunidades quien anteriormente había entablado una demanda para detener el proyecto, fue secuestrado por los trabajadores de la mina, quienes lo retuvieron por ocho horas, amenazando con matarlo.

La corte falla a favor de las comunidades

En junio de 2018, una corte en Cuenca ordenó la suspensión de todas las actividades mineras, determinado que el gobierno no había consultado a las comunidades, tal como lo exige la Constitución ecuatoriana y la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas  (DDPI). La decisión marcó la primera vez que una corte cerró una actividad minera en Ecuador.

La compañía apeló, y se reportó que la compañía ofreció $18 millones de dólares a líderes de la comunidad para desistir del caso. Todos, el Presidente de Ecuador, el Ministro de Minas, y el Ministro de Medio Ambiente visitaron la provincia para presionar a las cortes locales y a las comunidades indígenas para que aceptaran la actividad minera. En vez, las comunidades consolidaron su oposición, monitoreando el acceso a la mina para evitar la violación de la orden judicial, reforzando el apoyo con comunidades vecinas, e informando a la comunidad internacional de lo que estaba en juego legalmente.

Memoriales de EDLC y una abogada ambientalista china

EDLC presentó un memorial de «amigo de la corte» que recopilaba la jurisprudencia de otras cortes de Latinoamérica que involucraban a comunidades afectadas por operaciones mineras a gran escala. En todos los casos, las cortes fallaron que si los impactos de la mina en comunidades aledañas era significativo, era necesario contar con el consentimiento de las comunidades antes de que se emita una licencia ambiental. EDLC también enlistó a la famosa abogada ambientalista china  Jingjing Zhang para que presentase un memorial sobre las obligaciones legales de las empresas chinas en sus operaciones en el extranjero. Zhang viajó dos veces a Ecuador y testificó ante la corte de apelación durante su segundo viaje. Ella explicó a la corte que las empresas chinas están legalmente obligadas a garantizar la participación pública, realizar consultas previas, y obtener consentimiento para sus proyectos. Estas obligaciones legales surgen de la ratificación, por parte de la China, de la DDPI; las propias leyes ambientales, reglamentos y políticas chinos que rigen las operaciones de las empresas chinas que operan en el extranjero; y las declaraciones públicas de la china sobre los derechos humanos, los pueblos indígenas, y el medio ambiente.

La victoria confirmada

El 23 de Julio de 2018, una corte de apelaciones se reunió para revisar la orden de suspensión de la actividad minera de la corte inferior. La siguiente semana, la corte de apelaciones no solo confirmó la orden de suspensión, sino que fue aún más lejos, concluyendo que no era necesaria ninguna consulta futura debido a que la gente local ya había rechazado el proyecto mediante su voto en el referendo nacional realizado en 2018. El gobierno ha apelado el fallo en la corte más alta del Ecuador.