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Buscando Justicia para Activista Hondureña Asesinada

El banco FMO en los Países Bajos

El Banco Internacional de Desarrollo Holandés, FMO, no es un banco comercial ordinario. FMO es de propiedad mayoritaria del gobierno holandés, y está estrictamente encargado de financiar proyectos en países en desarrollo para promover ciertos objetivos socialmente deseables, especialmente el desarrollo sostenible. El FMO tiene una política sobre derechos humanos y otras políticas y procedimientos que imponen mayores deberes al banco en cuanto a los derechos humanos y las consecuencias ambientales y sociales de los proyectos que financia.

Un proyecto con falencias

La concesión para construir la represa Agua Zarca en el Río Gualcarque fue adjudicada a DESA (Desarrollos Energéticos S. A), una pequeña empresa “emergente” sin experiencia previa de construcción, pero con claras conexiones con el gobierno hondureño. Cuando comenzó la construcción en 2012, el proyecto enfrentó una fuerte oposición del pueblo indígena lenca de la comunidad de Río Blanco. Los Lencas se oponían al proyecto no solo porque los cultivos de la comunidad fueron destruidos por maquinaria pesada y no se dejaba que sus miembros tengan acceso al río, sino también porque la represa estaba siendo construida en su territorio sin sy consentimiento, y ellos iban a sufrir los impactos negativos del proyecto.

Un militar que brindaba seguridad a DESA mató a un líder comunitario en las instalaciones de la compañía, lo que desembocó en una convicción por asesinato. Los fiscales públicos también levantaron cargos penales tanto contra el alcalde local como contra el subdirector de la agencia nacional de medio ambiente por abuso de autoridad por haber expedido permisos sin una consulta previa a las comunidades afectadas. Sin experiencia propia, DESA contrató a una gran empresa china para que construyese la represa, pero el contrato no duró mucho. Para julio de 2013, la compañía china se había retirado del proyecto, manifestando que “existían serios conflictos” con las comunidades locales.

Cuando DESA buscó financiamiento de FMO, las comunidades afectadas contactaron al banco directamente exhortándolo a no financiar el proyecto ya que existían señales de advertencia por todos los lados. FMO rechazó estas preocupaciones como “rumores” y en febrero de 2014, FMO y DESA firmaron un convenio de préstamo.

Para suprimir a la oposición contra el proyecto, DESA se involucró en violencia, hostigamiento, e intimidación de manera regular. Los blancos principales fueron los residentes de Río Blanco y el personal del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), una alianza de comunidades indígenas Lencas que fue cofundando y dirigido por Berta Cáceres, una internacionalmente premiada activista ambiental y de derechos indígenas. COPINH, Cáceres, y otros repetidamente informaron a FMO sobre estos actos y el peligro constante, en particular, la probabilidad de que DESA asesinara a Cáceres. 

El asesinato de Berta Cáceres

La noche del 2 de marzo de 2016, Berta Cáceres fue asesinada por sicarios en su casa en La Esperanza. Gustavo Castro, un amigo mexicano y compañero activista, se estaba alojando en su casa y también recibió disparos durante el ataque.  Más temprano ese día, testigos vieron al jefe de seguridad de DESA y otros hombres en un auto en la salida de la carretera principal de Honduras hacia La Esperanza. Se escuchó a los hombres hablar de la Sra. Cáceres, y luego se dirigieron hacia La Esperanza.

Dos meses después, la policía hondureña arrestó a cuatro sospechosos por la planificación y ejecución del asesinato, incluyendo al gerente de asuntos sociales y ambientales de  DESA, y el ex director de seguridad de DESA. De acuerdo con la investigación policial que condujo a los arrestos, Cáceres fue asesinada “debido a su trabajo” de luchar contra la construcción de la represa hidroeléctrica Agua Zarca. Finalmente, FMO anunció que planeaba retirarse del proyecto cuando ya había quedado evidente que el asesinato de Berta Cáceres había sido planificado y llevado a cabo por al menos dos empleados actuales o pasados de DESA.

Finalmente, después de dos años, denuncias múltiples entabladas por COPINH y la familia Cáceres, y la publicación de un informe concluyente por un grupo de investigación privado (GAIPE), David Castillo, el Gerente General de DESA, fue arrestado en marzo de 2018, y acusado de planificar el asesinato.  En noviembre de 2018, siete de los ocho demandados anteriormente acusados fueron condenados, incluyendo al ex jefe de seguridad de  DESA. La corte determinó específicamente que los directores de DESA planificaron el asesinato para detener la oposición a la represa. El juicio de Castillo se llevará a cabo probablemente en 2020.

El conocimiento y la responsabilidad de FMO

La comunidad de Río Blanco, COPINH, y otras ONGs advirtieron repetidamente a FMO sobre la violencia contra los miembros de la comunidad, el consentimiento falsificado, y otras violaciones de derechos. También hubo, por supuesto, denuncias públicas y juicios por lo mismo. Todas las advertencias fueron rechazadas por FMO, que decidió financiar el proyecto, e incluso se involucró en los temas de seguridad del proyecto buscando proteger a DESA.

FMO proporcionó los medios para que DESA construyera la represa, así como para que contratara a seguridad fuertemente armada, matones pagados, y gente local para intimidar a quienes se oponían al proyecto, todo a nombre de la seguridad del proyecto. FMO no entendió que el personal de seguridad de DESA y otros a nivel administrativo eran en si el problema de seguridad.

FMO enjuiciada en los Países Bajos

A solicitud de las víctimas, sus familias, y COPINH, EDLC reclutó a un bufete jurídico de primera para que entablara una demanda que sentara precedentes en los Países Bajos contra FMO. Tomó dos años desarrollar el caso y fue entablado en julio de 2018. La demanda busca que el banco sea considerado civilmente responsable por el asesinato por parte de DESA de Cáceres, y por los daños graves a otros miembros de COPINH.

El asesinato de Berta Cáceres y los daños a otros miembros de COPINH fueron consecuencias predecibles y previsibles del financiamiento por parte de FMO a una compañía cuyos empleados se involucraron en actividades criminales para asesinar a Cáceres y cometer otros actos de violencia contra sus compañeros del COPINH. En vez de investigar y prestar atención a las advertencias y señales de alerta, FMO escuchó solamente a DESA y brindó apoyo financiero crítico para la conducta de la compañía. La corte holandesa realizó una primera audiencia sobre temas procedimentales a fines de 2018, y es probable que las audiencias sustantivas sean en 2020.

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