Mesoamérica

Conflictos por la Tierra en Guatemala

Tierras indígenas bajo amenaza

En toda Guatemala, los conflictos por la tierra enfrentan a los pueblos indígenas con los rancheros, compañías de aceite de palma, compañías mineras, y urbanizadores. Estos conflictos demasiado frecuentemente resultan en violencia, desalojos forzados, destrucción de cultivos, contaminación, daños a la salud humana, y otras violaciones de los derechos humanos de los pueblos indígenas. En Guatemala, los derechos de los pueblos indígenas son raramente respetados: es extremadamente difícil obtener sentencias favorables en la corte, y cuando los grupos indígenas prevalecen, es igual de difícil lograr un complimiento efectivo de las decisiones de la corte. Es también extremadamente raro encontrar a abogados dispuestos a defender los derechos de los pueblos indígenas en tales condiciones adversas. Afortunadamente, existen excepciones.

Un nuevo enfoque legal garantiza los derechos indígenas a la tierra  

Desde hace algunos años, EDLC ha tenido el honor de proporcionar apoyo a una iniciativa liderada por abogados guatemaltecos extremadamente comprometidos y capaces que están defendiendo activamente los derechos de los pueblos indígenas a sus tierras y territorios. En este tiempo, docenas de juicios han sido entablados por este colectivo de abogados, con un número notable de decisiones favorables de la corte. Este éxito se debe en una parte significativa a un enfoque legal inusual que empieza con un estudio minucioso de documentos históricos.

Los estudiantes del derecho guatemalteco sobre la tierra saben que, en contraste con los pueblos indígenas en otros países, los pueblos indígenas en Guatemala frecuentemente tienen títulos legales sobre las tierras que han ocupado tradicionalmente. Hace siglos, estas comunidades celebraron acuerdos para comprar sus tierras, obteniendo los títulos sobre ellos al tiempo de la compra. Sin embargo, a lo largo del tiempo y a través de procesos ilegales, estos títulos legítimos han sido a menudo “sobrescritos” por títulos falsos bajo los cuales, la propiedad de la tierra supuestamente pertenece a partes privadas o a los gobiernos municipales. Si una comunidad indígena puede establecer que un título legal ha sido subsiguientemente sobrescrito o anulado ilegalmente, se puede entablar una demanda legal en una corte para solicitar la anulación del título ilegal.

Se ha utilizado este enfoque en numerosos casos, muy a menudo exitosamente, con fallos favorables que anularon los títulos fraudulentos que traslapaban con los títulos legales de las comunidades indígenas en toda Guatemala. En uno de los casos, los miembros de una comunidad indígena en el departamento de El Petén fueron acusados penalmente por invasión de las tierras que siempre han ocupado. Una investigación de documentos históricos por el colectivo de abogados encontró evidencia de que la comunidad tenía título legal sobre sus tierras y que nunca había transferido dicho título. Afortunadamente, esta evidencia acabó con el caso penal.

Las cortes reconocen a las autoridades indígenas guatemaltecas      

Otros casos han llevado al reconocimiento—aunque renuente—por parte de los funcionarios gubernamentales guatemaltecos de diferentes actos realizados por las autoridades indígenas en su capacidad oficial. Por ejemplo, una comunidad indígena Maya K´iche´ que vive en el departamento de Totonicapán presentó al gobierno guatemalteco una solicitud para recibir pago por servicios ambientales, un beneficio que está disponible para quienes mantienen los bosques ubicados en sus tierras en buena condición ecológica. La solicitud fue inicialmente negada debido a que el gobierno no quería aceptar la validez de un certificado emitido por las autoridades indígenas como prueba de la propiedad de la comunidad sobre el bosque.

La comunidad entabló una demanda y obtuvo una sentencia favorable. La corte ordenó al gobierno que reconociera el certificado de propiedad presentado por las autoridades indígenas, así como el derecho de la comunidad al pago por servicios ambientales.

Se han entablado otros casos exitosos contra los gobiernos municipales que se rehusaron a reconocer la personería jurídica de las comunidades indígenas Maya Q´ecqchi´ en los departamentos de El Petén y Alta Verapaz.

EDLC espera con gusto seguir apoyando este trabajo que sienta precedentes y que está teniendo éxito en su meta de obtener reconocimiento legal pleno de los derechos a la tierra de las comunidades indígenas en toda Guatemala.

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