República Dominicana: Carbón y Corrupción

Un elefante blanco para una nación con dificultades

Desde 2012, el gobierno de la República Dominicana ha promovido el proyecto de las plantas a carbón de Punta Catalina para cubrir sus necesidades energéticas, aun cuando tendrá que importar el carbón necesario para el funcionamiento de las plantas y a pesar del hecho que la legislación nacional exige la eliminación progresiva del carbón. Se esperaba que las plantas generasen un tercio de las necesidades energéticas del país, y fueron publicitadas por el gobierno como una solución de corto plazo de “bajo costo” a la crisis energética del país.  Al final, el proyecto resultó ser de lejos el proyecto energético más caro en la historia del país, con un costo de más de dos mil millones de dólares.

Los socios de EDLC, el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (INSAPROMA) y el Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático (CNLCC), entablaron una demanda solicitando a la corte que ordenara que las plantas propuestas fueran adaptadas para utilizar gas natural en vez de carbón debido a preocupaciones ambientales y de salud. EDLC presento un memorial legal de respaldo. El caso fue desestimado por motivos procedimentales altamente técnicos, y la desestimación fue confirmada en una apelación.

Esta caso hubiera sido una más de tantas otras demandas relacionadas con proyectos de desarrollo controvertidos, no fuese por la historia de los sobornos y esfuerzos permanentes de Odebrecht, una empresa multinacional brasileña  gigantesca, y del gobierno de la República Dominicana de encubrir las ilegalidades del provecto. Es un cuento con moraleja de extrema avaricia y corrupción corporativas y complicidad del gobierno en un crimen corporativo.

Odebrecht acepta la mayor multa por corrupción en la historia legal

Desde 2013, Odebrecht ha estado bajo investigación por numerosos gobiernos nacionales por docenas de actos de corrupción que cometió alrededor del mundo. Según admisión de la empresa misma, en 2015, trasladó la sede de sus operaciones internacionales de soborno a la República Dominicana. El ex Jefe de Operaciones de Odebrecht en la República Dominicana proporcionó una declaración bajo juramento de que en el caso de la construcción de las Plantas de Punta Catalina, Odebrecht pagó a un intermediario una comisión de $2 millones de dólares para ser adjudicada exitosamente la aprobación del financiamiento para el proyecto mediante el soborno a miembros del Congreso Nacional Dominicano.

En un Acuerdo de Admisión de Culpabilidad en 2016 con el Departamento de Justicia de EE.UU., Odebrecht admitió haber pagado $788 millones dólares en sobornos en conexión con más de cien provectos en doce países, lo que incluyó más de $92 millones en pagos corruptos a funcionarios gubernamentales y otros para obtener contratos para obras públicas en la República Dominicana. En general, Odebrecht aceptó pagar una multa de $2,6 mil millones dólares bajo la Ley de Prácticas Corruptas Extranjeras, una multa que el Departamento de Justicia describió como “el caso de soborno extranjero más grande de la historia”.

Odebrecht no aprende la lección

La admisión de culpabilidad por parte de Odebrecht fue ampliamente reportada en la República Dominicana y generó protestas inéditas, con miles de personas que salieron a las calles cada mes a demandar la cancelación de cualquier contrato gubernamental existente con Odebrecht, en particular el proyecto de Punta Catalina. Las protestas han continuado hasta la fecha.

Sin embargo, Odebrecht tiene la audacia tanto de seguir trabajando en el proyecto—en clara violación de la legislación dominicana—como de buscar el reembolso de masivos sobrecostos. Increíblemente, el Acuerdo de Admisión de Culpabilidad de 2017 que hizo con el gobierno de la Republica Dominicana por los mismos sobornos no evitó que la compañía siguiese construyendo las plantas de Punta Catalina bajo su contrato manchado por los sobornos, como debió ser el resultado bajo la legislación dominicana. El acuerdo de admisión de culpabilidad incluso hacía mención errónea de las sanciones aplicables por el soborno bajo leyes adicionales, ignorando el requisito de que las operaciones de Odebrecht debían cerrar o ser supervisadas por el gobierno. Odebrecht debe de haber sabido tanto del desconocimiento de la primera ley y la inexactitud de la segunda ley, pero estuvo de acuerdo con ello de todas maneras.

Luego, en julio de 2017, Odebrecht cobró al gobierno dominicano $708 millones de dólares adicionales por supuestos sobrecostos en el proyecto. Esa demanda está basada sobre lo que parecerían ser cláusulas contractuales modificadas que en 2014 Odebrecht logró incluir en lo que originalmente debía ser un contrato por un monto fijo.     

El Procurador General dominicano subsiguientemente excluyó al caso de Punta Catalina de la lista de proyectos de Odebrecht que debían ser investigados íntegramente por corrupción relacionada a políticos y empresarios dominicanos. Él omitió mencionar que la investigación por sobornos que empezó excluía a los funcionarios gubernamentales involucrados en todos los contratos a partir de 2012, el mismo año en que se posesionó el actual gobierno. También anunció su increíble conclusión que, aunque Odebrecht había cometido soborno a legisladores y funcionarios dominicanos para obtener dieciséis proyectos de obras públicas en el país, la compañía no pagó sobornos en relación al decimoséptimo y de lejos el mayor proyecto—Punta Catalina—pese a que el jefe de operaciones de Odebrecht había admitido bajo juramento que había hecho exactamente eso.

¿Hora de reabrir la investigación?

En el verano de 2019, EDLC reclutó a dos bufetes legales puntales—el bufete internacional Hausfeld, y el bufete de Washington D.C. Stein Mitchell Beato & Missner—para alertar al Departamento de Justicia de EE.UU. sobre las constantes violaciones de las leyes anticorrupción de los EE.UU. y dominicanas por parte de Odebrecht. Como mínimo, existen serias preguntas que requieren de una investigación sobre si la conducta de Odebrecht en la República Dominicana después del Acuerdo de Admisión de Culpabilidad de 2016 viola los compromisos de la compañía bajo dicho acuerdo, y es más, sobre la voluntad de la compañía de cambiar su historia de prácticas corruptas realizadas a una escala sin precedentes.  Bajo los términos del Acuerdo de Admisión de Culpabilidad de 2016, Odebrecht está obligada a cooperar plenamente en dicha investigación.  La gente de la República Dominicana continúa con las protestas y están esperando con ansias la respuesta del Departamento de Justicia de los EE.UU.