África y Asia

Comunidad Frena Proyecto Minero en Sudáfrica

Introducción

En los pasados siete años, EDLC ha estado brindando asistencia legal, científica y financiera a las comunidades y sus abogados en Sudáfrica que luchan contra proyectos mineros indeseados y los daños de los proyectos existentes. Los casos sacan a relucir un montón de temas, que incluyen los derechos a la participación ciudadana y el consentimiento en la toma de decisiones sobre el medio ambiente, el uso del agua y la tierra, y los daños al medio ambiente y salud humana. Sudáfrica tiene una constitución altamente respetada que incluye el derecho a un medio ambiente saludable y EDLC está trabajando con grupos comunitarios locales altamente organizados y capaces y abogados privados de primer nivel con un fuerte compromiso con la protección del medio ambiente y los derechos humanos, como en el caso descrito a continuación.

Los Xolobeni y la Costa Salvaje

Desde 2007, los miembros de la comunidad Umgungundlovu (frecuentemente llamada la comunidad Xolobeni, por el nombre de una de las aldeas en la zona) en la legendaria “Costa Salvaje” en la provincia de Cabo del Este, han luchado contra un proyecto minero propuesto por Mineral Commodities Ltd. y la compañía australiana Transworld Energy. El área minera propuesta se extiende a lo largo de trece millas de tierra costera. La mayoría de la comunidad afectada vive dentro de proximidad cercana a esta área minera propuesta.

Los miembros de la comunidad temen que la explotación minera de platino a tajo abierto planificada por el proyecto en las dunas de arena de la Costa Salvaje conduciría a su desplazamiento, la destrucción de su medio ambiente, y daño a su forma de vida y subsistencia. Gran parte del área designada para la minería son pastizales que los aldeanos utilizan para pastoreo, jardines, y cementerios ancestrales. La región también es una zona de transición ambientalmente importante, y sus laderas de gran envergadura, dunas, humedales estacionales, bosques, estuarios, y arrecifes mar adentro son un punto clave de biodiversidad con un cúmulo de especies que no se encuentran en ninguna otra parte del mundo.

La persecución de líderes de la oposición

En marzo de 2016, un auto se detuvo al frente de la casa de Sikhosiphi “Bazooka” Rhadebe, líder de la oposición local a la mina. Rhadebe fue arrastrado fuera de su casa por hombres que se hacían pasar por oficiales de la policía, y lo mataron de un disparo al frente de su hijo de diecisiete años de edad. No se ha arrestado o acusado a nadie por el crimen. Después del asesinato de Rhadebe, Mineral Commodities dijo que desistiría de su participación en el proyecto Xolobeni, pero luego titubeó. Nonhle Mbuthuma, quien asumió el papel de Rhadebe y es un demandante en la acción presentada ante la corte para impugnar el proyecto, ha enfrentado hostigamiento y amenazas de muerte.

Un caso emblemático

En abril de 2018, la Alta Corte de Pretoria examinó la demanda entablada contra el gobierno por 128 agricultores de subsistencia y otros residentes de Xolobeni y el área circundante. Los demandantes solicitaron a la corte que resuelva que el Departamento de Recursos Minerales debe respetar los derechos de la gente que ha vivido en la tierra por generaciones y que no puede expedir una licencia minera sin el consentimiento de la comunidad. El gobierno y la compañía minera sostuvieron que las leyes mineras nacionales exigen solamente que las compañías “consulten” a la comunidades, mientras que la gente local argumentaba que la Ley de Explotación de Recursos Minerales y Petróleo y la Ley de Protección Provisional de Derechos Informales a la Tierra  (IPILRA) fueron promulgadas para resarcir por el despojo económico y territorial y devolver tierra y recursos a la población negra, y que dichas leyes deben ser interpretadas de manera conjunta.

Una victoria histórica en el tema de consentimiento

En noviembre de 2018, la Alta Corte de Pretoria dictaminó que no se podía otorgar un derecho minero sobre la tierra Xolobeni sin cumplir con la IPILRA, lo que incluye el consentimiento pleno, previo e informado de los titulares de los derechos sobre la tierra y la comunidad. La corte determinó también que el Ministro de Recursos Minerales carecía de la autoridad para otorgar un derecho minero bajo las circunstancias:

Conforme al propósito de la [ley] de proteger los derechos informales de las comunidades habituales, los solicitantes . . . tienen derecho a decidir lo que sucede con sus tierras. Como tal, no se les puede privar de su tierra sin su consentimiento. Cuando la tierra es de propiedad comunal—tal como en este caso—la comunidad debe ser puesta en una posición en la que considere la privación propuesta y se le permita tomar una decisión comunal en términos de sus costumbres y comunidad sobre si dan o no su consentimiento a una propuesta para disponer de sus derechos a sus tierras.

La decisión significa que las comunidades en Sudáfrica que poseen sus tierras bajoel derecho consuetudinario tienen derecho a decirle no a la minería, y por lo tanto tiene importantes ramificaciones para las comunidades afectadas por la minería en toda Sudáfrica. El gobierno ha apelado el fallo.

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