Estados Insulares: Cambio Climático y Minería

Australia

Según sus proponentes, la Mina Rocky Hill sería ubicada a tres millas del centro de Gloucester, un municipio residencial rural rodeado de tierras agrícolas, que es valorado por su belleza panorámica y es un destino turístico popular. Las minas a tajo abierto serían explotadas por veinte años para exportar carbón a mercados asiáticos. La compañía está interesada en explotar aún más carbón más cerca del pueblo, y los residentes temen que, de aprobarse la mina, sería el principio del fin de Gloucester debido a los efectos extremos de polvo, ruido, y detonaciones 24 horas al día.

EDLC trabaja estrechamente con el Centro de Integridad Climática en los EE.UU. y facilitó el apoyo financiero del Centro para permitir a la Oficina de Defensores Ambientales NSW (EDO) en Australia a oponerse a la mina a nombre del grupo comunitario Groundswell Gloucester. Esta fue una demanda de aquellas que ocurren solo una vez en una generación: la primera audiencia de su tipo desde el histórico Acuerdo de Paris, en el cual una corte australiana escucharía el testimonio de expertos sobre numerosos temas, incluyendo el “presupuesto global de carbono” que no debe ser sobrepasado si se va a mantener el aumento de la temperatura por debajo de los 2º C con relación a los niveles preindustriales. Como lo dijo el testigo experto Profesor Will Steffen, «si realmente se toman en serio los objetivos de Paris, no debe haber nuevas explotaciones de combustibles fósiles . . . No se pueden reducir las emisiones incrementándolas”.

El 8 de febrero de 2019, la corte rechazó la mina propuesta; fue la primera vez que una corte australiana negó consentimiento para una mina de carbón con base en sus impactos sobre el cambio climático. La Corte determinó que las emisiones de carbono de la mina contribuirían al calentamiento global, de tal manera que aprobar  la mina no ayudaría a lograr las reducciones de emisiones necesarias para lograr los objetivos de Paris por parte de Australia. Significativamente, la Corte dictaminó que no era importante que las emisiones de la mina serían tan solo una fracción  de las emisiones globales totales, señalando que el problema global del cambio climático  debe ser abordado a través de múltiples acciones locales para mitigar las emisiones. La decisión no está siendo apelada. Este caso emblemático pone a Australia directamente en el mapa de la litigación internacional sobre el cambio climático.

Las Filipinas

EDLC ha trabajado durante muchos años con ONGs y comunidades en las Filipinas para luchar contra proyectos mineros indeseados. La oposición a estos proyectos frecuentemente ha derivado en juicios en represalia conocidos como SLAPPs (por la sigla en inglés de Strategic Litigation Against Public Participation o Demanda Estratégica contra la Participación Pública), así como cargos penales infundados contra activistas levantados por las compañías mineras.

Tanto congresistas electos como ONGs en las Filipinas solicitaron a EDLC que obtuviese asistencia legal de los EE.UU. en un esfuerzo por promulgar legislación nacional contra las demandas SLAPP.  A solicitud de EDLC, un equipo de abogados de Winston & Strawn aceptó ayudar. Los abogados revisaron los anteproyectos de la ley, hicieron comentarios, propusieron disposiciones adicionales, redactaron un informe sobre la experiencia con demandas SLAPP en los EE.UU., y analizaron el problema de las demandas SLAPP bajo el derecho internacional de los derechos humanos. El informe fue presentado a la Cámara de Representantes de las Filipinas. La Corte Suprema Filipina adoptó nuevas reglas de procedimiento para los casos ambientales, proveyendo protecciones sustanciales para las víctimas de demandas SLAPP.

EDLC también ha ayudado a grupos locales en media docena de conflictos mineros específicos que involucraban falta de consentimiento de las comunidades locales, un derrame de un dique de colas, y los asesinatos de activistas contra la minería, así como con una presentación en una conferencia y una audiencia legislativa sobre estos temas.

Las Islas Salomón

EDLC está brindando apoyo en cuatro casos liderados por la Oficina de Defensores Ambientales de Australia (EDO), en conjunción con abogados ad honorem y asesores locales, objetando proyectos mineros y de tala que afectan a las comunidades indígenas en las Islas Salomón.

En uno de los casos, los residentes de la Isla Wagina entablaron una impugnación legal contra la mina propuesta por Solomon Bauxite Limited, que abarcaría el 60% de la pequeña isla, demandaría la construcción de un aeropuerto y caminos, y resultaría en el transporte de 150 camiones de carga de mineral por veinte años. La mina tendría grandes impactos en la calidad del agua, aire, y medio ambiente marino, así como probables impactos irreversibles en 2.000 residentes que dependen del mar y la tierra para su subsistencia.

En una audiencia de diciembre de 2018, los residentes estuvieron representados por Unidad de Apoyo Legal y Defensa de Propietarios de Tierras (LALSU), dentro de la Oficina del Abogado de Oficio de las Islas Salomón, junto con un abogado australiano, en una audiencia convocada por el Comité Consultivo Ambiental (EAC). Esta fue la primera de este tipo de audiencias realizada desde la promulgación en 1998 de la Ley Medio Ambiental que creaba el EAC. Los abogados sostuvieron que la decisión de aprobar la mina tenía vicios debido a que el proceso de consulta pública y la declaración de impacto ambiental (EIS) no cumplían con los requisitos de la Ley Medio Ambiental. El EAC escuchó la evidencia de cuatro peritos respecto a las graves deficiencias de la EIS. Uno de los peritos describió la EIS de Wagina como “la peor que [él había] visto».

La audiencia fue un rotundo éxito a varios niveles, incluyendo la asociación efectiva entre EDO y LALSU, el empoderamiento de una comunidad extremadamente vulnerable, y el fortalecimiento de la administración de leyes ambientales en las Islas Salomón.  El EAC emitió un fallo a favor de los residentes de Wagina en una sentencia de 2019. La compañía ha apelado.