África y Asia

Defensores de la Tierra Etíopes Liberados

Represión contra los activistas por los derechos a la tierra en Etiopía

Por años, miles de políticos de oposición, líderes indígenas y religiosos, estudiantes, periodistas, y otros fueron enjuiciados, torturados, y encarcelados por expresarse acerca de las crisis de derechos humanos y gobernanza en Etiopía. Desde de la promulgación de la Proclamación No. 652, conocida como la Ley Antiterrorismo en 2009, personas de todas la condiciones sociales han sido han sido declaradas “terroristas”. Los expatriados que se opusieron al gobierno fueron  secuestrados y llevados a Etiopía; algunos fueron acusados de crímenes por acciones que ocurrieron incluso antes que la ley entrara en vigencia; y muchos reportaron haber sido torturados, y que sus “confesiones” fueron utilizadas en su contra en los juicios.

El caso de Okello Akway Ochalla

En 2003, ocurrió una brutal masacre de cientos de personas Anuak en la provincia de Gambella. El Sr. Okello Akway Ochalla, el gobernador de Gambella, él mismo un Anuak, huyó de Etiopía con sus hijos pequeños, y eventualmente obtuvo la ciudadanía noruega junto con su familia. Él se mantuvo abiertamente crítico del papel del gobierno en la masacre, asi como de los continuos abusos de los derechos humanos y desalojos masivos ocasionados por los proyectos de agricultura a gran escala, mayormente extranjeros, en Gambella.

En 2014, mientras visitaba a parientes en el sur de Sudán, Okello fue secuestrado por el gobierno etíope, acusado bajo la Ley Antiterrorismo, y mantenido en aislamiento en la famosa prisión de Maekelawi. Sus “crímenes” incluían hablar con los medios de comunicación internacionales sobre la masacre de  2003, y el suplicio de la gente de Gambella. El Instituto Oakland, una altamente respetada organización que se especializa en temas de acaparamiento de tierras agrícolas en todo el mundo, pidió a EDLC que ayudara en su trabajo a favor del Sr. Okello y otros defensores etíopes del medio ambiente perseguidos.

Una impugnación de la Ley Antiterrorismo y un simulacro de juicio

Los críticos de la ley—incluyendo a las Naciones Unidas y las principales democracias del mundo—señalaban que el gobierno le había repetidamente dado un uso indebido a la ley, que ésta tenía una definición vaga de terrorismo, que le daba a la policía nuevos poderes sin precedentes, y que violaba los derechos constitucionales. EDLC reclutó a un equipo de abogados internacionales para que analizaran la ley y cómo había sido utilizada por el gobierno. Su informe comprehensivo concluyó que la ley violaba la legislación internacional sobre derechos humanos, así como los estándares legales modernos, y servía como una herramienta de represión, diseñada y utilizada por el gobierno para sofocar a sus críticos y criminalizar la discusión de asuntos públicos. El altamente publicitado informe exhortaba al gobierno a modificar la ley y detener su uso inadecuado.

En el juicio del Sr. Okello, el punto central del caso del fiscal era una “confesión” presuntamente firmada en aislamiento. El proceso fue prolongado por interminables demoras, y eventualmente resultó en una condena por algunos de los cargos, con una sentencia de nueve años de encarcelamiento. Se entabló una apelación, pero predeciblemente ésta no tuvo éxito.

Libertad!

El Instituto Oakland, con asistencia de EDLC y otros, prosiguió con sus constantes esfuerzos a favor del Sr. Okello, lo que incluyó trabajar con miembros del Congreso de los EE.UU. y hacer público su caso y los de otros activistas a nivel internacional. El 14 de febrero de 2018, el Sr. Okello fue liberado luego de haber sido retenido por casi cuatro años, y regresó a Noruega. Su liberación se dio poco antes que Abiy Ahmed se convirtiera en primer ministro y el gobierno liberó a miles de prisioneros políticos de su detención. El gobierno admitió que las fuerzas de seguridad recurrieron a la tortura, se comprometió con reformas legales a leyes represivas, e introdujo numerosas otras reformas, pavimentando el camino para un mejorado respeto de los derechos humanos.

El caso de Admasu Lokaley Kidewa

En 2017, el Instituto Oakland pidió nuevamente a EDLC que trabajara en favor de un perseguido activista por los derechos a la tierra, Admasu Lokaley Kidewa, un miembro de la tribu indígena minoritaria de Nyangatom. Admasu tiene un título avanzado en resolución de conflictos, y había sido por casi veinte años una voz para su comunidad en oposición a abusos por parte del gobierno de derechos humanos relacionados con la tierra, lo que incluyó cofundar una ONG local que trabajaba en la consolidación de la paz a nivel de las bases.

Durante años, Admasu había enfrentado amenazas e intimidación del gobierno, y las comunidades con las que él trabajaba vivían bajo un clima continuo de miedo. En 2015, fue arrestado y torturado mientras estaba bajo custodia por cuatro meses. Nunca se levantaron cargos y fue finalmente liberado. En 2016, recibió una Beca Mandela Washington del Departamento de Estado de EE.UU.; sin embargo, a su retorno a Etiopía, fue detenido e interrogado sobre el motivo de su viaje a los EE.UU., permaneció bajo vigilancia, y recibió amenazas.

Cuando la policía empezó nuevamente a buscarlo, Admasu huyó de Etiopía en 2017. A su llegada a Atlanta, él manifestó su deseo de obtener asilo político. EDLC obtuvo de inmediato ayuda pro bono del bufete jurídico altamente valorado  Kilpatrick Townsend & Stockton, así como de la Georgia Asylum & Immigration Network, la Red de Asilo e Inmigración de Georgia. En los siguientes tres meses, el equipo trabajó incansablemente a favor de Admasu, recopilando volúmenes de evidencia documental, incluyendo testimonios periciales, sobre los motivos por los que él enfrentaría persecución si fuese obligado a retornar a Etiopía. El juez emitió un fallo a favor de Admasu horas después de la conclusión de su audiencia. Ahora Admasu vive en los EE.UU. con su familia.

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